Los errores del plan de empleo "Chamba Juvenil"

Los errores del plan de empleo “Chamba Juvenil”

El populismo en su agotamiento por lesión a la eficiencia económica y a la productividad -bienes sociales por cierto- se torna recursivo y termina siendo cuando no inocuo, tremendamente lesivo socialmente y especialmente regresivo.

El presidente de la República, enmarcado en un cuestionado proceso Constituyente el cual cuenta con un enorme rechazo general de la población, especialmente beligerante por parte de los jóvenes venezolanos; recién anunció una política denominada “Chamba Juvenil” que consistiría en la creación de 200.000 puestos de “trabajo”, que en su mayoría efectivamente no constituyen un empleo formal, ni se circunscriben a actividades productivas, ni generadoras de riqueza o bienestar.

Más que empleos, la mayoría de los anunciados “puestos de trabajo” constituirían una política de asignación de recursos y de transferencias hacia un grupo reducido de jóvenes -grupo etario a lo largo de quienes el desempleo es especialmente elevado en Venezuela-. Tal como fue anunciada la política se evidencia características clientelares y populistas, ya que entre otros filtros y condiciones, se asomó la necesidad de contar con el denominado Carnet de la Patria para pretender optar a tal beneficio.

Esta política se anuncia en medio de, un proceso de contracción económica ininterrumpida a lo largo de los últimos cuatro años que supera entre 25-30% de caída en el PIB, un proceso de incremento del desempleo, una desaparición de más del 50% del parque industrial venezolano, y un proceso inflacionario que proyectado al cierre de 2017 superará 650%. Nos encontramos en un año en el cual un bolívar al cierre de diciembre podrá comprar 13% de lo que podía adquirir al inicio del año.

Nos enfrentamos a un escenario económico en el cual la política de controles de precios ha colapsado y exacerbado el problema de la escasez y la inflación. Nos encontramos en un país en el cual los controles de precios utilizados como una política impositiva no sólo se agotan en la medida en que las fuentes expoliadas para perfeccionar subsidios cruzados desaparecen; sino que por más controles de precios y CLAPs que se anuncien, el desempleado no posee ingreso alguno para adquirir estos mermados “beneficios”.

Esta “política pública” de creación de miles de empleos no productivos constituye un perfecto ejemplo de la máxima utilizada por los economistas de que: la inflación constituye el más perverso y regresivo de los impuestos. En este sentido, esta política debe responder a la pregunta y pasar el examen a la que toda política pública debe someterse como sería: ¿quién financiará la creación de estos puestos de trabajo, por ejemplo en el caso de pseudo-empleos públicos no productivos? ¿Quiénes llevarán finalmente la carga del financiamiento y los eventuales efectos negativos de esta política? Fundamentalmente serán dos las fuentes de financiamiento disponibles -y de aquí se desprende quiénes podrían soportar las cargas aun cuando atomizados y quiénes clientelarmente serán los beneficiados-. La primera fuente de financiamiento es vía impuestos distorsionantes (bien nuevos impuestos distorsionantes o vía un enorme costos de oportunidad en el uso de recursos públicos que deberían financiar la oferta de los mermados bienes públicos en el país). La segunda fuente de financiamiento sería vía aumento de la nómina pública y del gasto público, incrementando el déficit fiscal y su financiamiento monetario vía emisión de dinero inorgánico; fuente primaria de presión inflacionaria.

Para entender por qué se considera la inflación el impuesto más perverso y regresivo y ver qué relación tiene con los anuncios realizados por el presidente de la República debemos definir qué es un sistema tributario y qué significa que sea regresivo. En este orden de ideas, por un lado debemos precisar que los sistemas tributarios e impositivos consisten en el ejercicio y uso del poder coercitivo del Estado para extraer dinero de los sujetos susceptibles con el objetivo de: Primero, pagar o enfrentar los costos de un servicio que los políticos en el poder desean que sean provistos y que el mercado no los proveería en las cantidades y a los precios deseados; o Segundo, transferir dinero de un grupo hacia otro; o Tercero, frecuentemente, ambos objetivos mencionados anteriormente. Por el otro lado, una política pública o tributaria es regresiva en la medida que quienes llevan la mayor carga económica son los más pobres, que en el caso de la inflación o una política pública que termina siendo inflacionaria significa que quienes más la sufren son aquellos para los cuales el gasto en bienes básicos representa la mayor porción de sus ingresos -los pobres-.

En este sentido, la concreción de esta promesa “electoral” populista que podría pretender desactivar a los jóvenes opositores al Ejecutivo Nacional -único responsable de la debacle económica nacional- financiada por medio del gasto público corriente no productivo generará inflación, con lo que se estará expoliando el poder de compra del bolívar con especial incidencia sobre los más pobres.

Un modelo económico que ex profeso por medio de sus políticas públicas e instrumentos de política, regulación, control y expoliación-redistribución, pretende perfeccionar una sociedad suma cero para justificar a un Estado “Gran Hermano”, juez y parte; termina asfixiando las fuentes nuevas y reales de generación de bienestar, riqueza e inserción. El resultado: un futuro conculcado.

Economista UCV. Profesor de Economía Gerencial, UNIMET. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid.